¿Qué puede pasar si la Corte Penal Internacional ordena la detención de Netanyahu y los líderes de Hamas?

“Aquellos que no cumplen con la ley no deben quejarse luego, cuando mi oficina tome medidas. Ese día ha llegado”, dijo el fiscal de la CPI Karim Khan en una declaración pública divulgada en video.

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Khan sostuvo que hay “motivos razonables” para creer los denunciados tienen responsabilidad penal por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tras los ataques del 7 de octubre contra Israel que dejaron más de 1.200 muertos y unos 245 secuestrados, y por la posterior guerra lanzada por los israelíes en Gaza que ya le cuesta la vida a más de 35.000 personas, la mayoría mujeres y niños.

Es la primera vez que la CPI emite órdenes de detención contra dirigentes políticos de Israel. Ahora la figura de Netanyahu está junto a la del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra quien la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención en marzo del 2023 por la guerra que lanzó en Ucrania.

Israel no es miembro de la CPI, por lo que no hay un riesgo inmediato para Netanyahu y Gallant si finalmente se emiten las órdenes de arresto. Sin embargo, la medida profundizará el aislamiento del país y dificultará la libertad de movimiento de ambos dirigentes en el extranjero.

En cuanto a los líderes de Hamás, al ser el Estado de Palestina miembro de la CPI tendrían que ser capturados y entregados, aunque es poco probable que ello suceda. Se cree que tanto Sinwar como Deif se esconden en Gaza, mientras que Haniyeh tiene su base en Qatar.

En una primera reacción, Netanyahu acusó al fiscal Khan de comparar a los soldados israelíes con “los monstruos” de Hamás.

“¿Con qué autoridad osas comparar a los monstruos de Hamás con los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército más moral del mundo?”, dijo en un mensaje en video.

“Como primer ministro de Israel, rechazo con repugnancia la comparación del fiscal de La Haya entre la Israel democrática y los asesinos de masas de Hamás”, siguió Netanyahu, quien acusó de antisemitismo a la CPI.

Por su parte, Hamás criticó en un comunicado a la CPI por “comparar a la víctima con el verdugo”.

Según los islamistas, que gobiernan Gaza desde el 2007, la decisión de la CPI viola “tratados y resoluciones internacionales que otorgaron al pueblo palestino y otros pueblos del mundo bajo ocupación el derecho a resistir la ocupación en cualquier forma, incluida la resistencia armada, como especifica el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas”.

Para sustentar la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant, el fiscal de la CPI sostiene que “Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de bienes indispensable para la supervivencia humana” a la vez que ataca de manera indiscriminada a civiles, incluidos cientos que hacían cola para recibir comida, obstruye la entrega de ayuda y dirige ataques contra trabajadores humanitarios.

El fiscal considera a ambos responsables a nivel penal de cuatro crímenes de guerra (uso del hambre como método de guerra; trato cruel y gran sufrimiento intencionado o daños graves a la integridad física y la salud; asesinato intencionado; ataques intencionadamente dirigidos contra la población civil) y tres crímenes de lesa humanidad (exterminio y asesinato, incluido en el contexto de muertes causadas por hambre; persecución; y otros actos inhumanos).

Las pruebas, incluidas entrevistas, material audiovisual, y declaraciones de presuntos perpetradores, “muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

Además del asedio total sobre Gaza y el cierre de los tres puntos de cruce fronterizos, Khan dijo que hubo corte de tuberías de agua transfronterizas desde Israel a Gaza, la principal fuente de agua limpia para habitantes de la franja, y el corte y obstaculización del suministro de electricidad.

En cuanto a Hamás, la CPI responsabiliza a la cúpula de los islamistas de crímenes cometidos en Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre.

Se trata de seis crímenes de guerra (asesinato, toma de rehenes, y otros crímenes cometidos en el contexto de cautiverio: violación y actos de violencia sexual, tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal) y cinco crímenes de lesa humanidad (exterminio, asesinato, violación y otros actos de violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos).

El fiscal Khan dijo que ve “motivos razonables” para creer que Sinwar, Deif y Haniyeh son “responsables a nivel penal de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamás” y la “toma de al menos 245 rehenes”.

“Los rehenes capturados de Israel han sido mantenidos en condiciones inhumanas, y algunos han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras estaban en cautiverio”, señaló el fiscal, basado en registros médicos, pruebas de video, y entrevistas con víctimas.

Michelle Reyes Milk, abogada Senior de la División Justicia Internacional de Human Rights Watch, le dijo a El Comercio que cuando el fiscal de la CPI pide una orden de arresto, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir al respecto en un plazo que podría llegar a los dos meses.

La sala tiene varias opciones: puede autorizar el arresto por todos los cargos solicitados, por algunos de ellos, o puede no autorizar la detención, explicó Reyes Milk.

Una vez aprobada la orden de detención, todos los Estados parte, que son 124, tienen la obligación de hacerla cumplir. No existe una policía de la CPI que los busque y los arreste para conducirlos ante el tribunal ubicado en La Haya, Países Bajos, precisó Reyes Milk.

Entonces, la CPI no tiene una forma de ejecutar por si misma una orden de detención, por lo que requiere de la cooperación de los Estados para hacerla cumplir.

¿Y qué pasa si un Estado parte no coopera? “La CPI no es solo un órgano judicial, es una organización internacional como tal. Los Estados parte se reúnen en una suerte de asamblea general, donde se pueden emitir resoluciones de no cooperación y se sanciona al Estado que no colabora”, remarcó la abogada.

En caso de que finalmente no exista la cooperación, la CPI tiene que esperar a que la persona con orden de arresto sea detenida por otro Estado parte en alguno de sus viajes.

“La CPI no puede juzgar en ausencia al acusado, se requiere su presencia. Por eso es que la cooperación es tan importante. Se necesita que los Estados apoyen a la CPI en la ejecución de esa acción”, indicó Reyes Milk.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en el 2003.

Los 124 Estados que pertenecen a la CPI han ratificado el Estatuto de Roma.

Entre los países que no firmaron el Estatuto de Roma y no aceptan la jurisdicción del tribunal figuran Israel, Estados Unidos, Rusia y China.

La CPI se involucra cuando los países no son capaces o no están dispuestos a enjuiciar los crímenes antes mencionados en su territorio.

La CPI tiene 17 investigaciones en curso, ha emitido un total de 42 órdenes de arresto y ha detenido a 21 sospechosos. Sus jueces han condenado a 10 de los acusados y absuelto a cuatro.

Además de África, la CPI tiene investigaciones abiertas en Asia, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.

Israel no forma parte de la CPI. Mientras que el Estado de Palestina ratificó el Estatuto de Roma en el 2015, por lo que la CPI tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio palestino o los cometidos por sus nacionales tanto dentro como afuera de la nación.

En el 2021, la entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció una investigación sobre posibles crímenes de guerra israelíes en territorio palestino. Netanyahu calificó entonces la decisión de hipócrita y antisemita.

Michelle Reyes Milk dijo a El Comercio que “la jurisdicción de la CPI se activa por dos vías: por el enlace del territorio, es decir, cuando un crimen es cometido en el territorio de un Estado parte, no importa quién sea el autor; o por la nacionalidad del perpetrador, no importa dónde se lleve a cabo el crimen”.

“Por eso tenemos casos en la CPI contra nacionales de Estados que no son parte. El ejemplo más notorio en este momento es la orden de arresto contra Vladimir Putin, cuyo país no es Estado parte. Pero Ucrania sí ha reconocido la competencia de la corte. En la investigación en Ucrania hay órdenes de detención contra nacionales rusos”, sostuvo.