Los legisladores debaten un proyecto de ley impulsado por el presidente argentino Javier Milei que incluye una amplia gama de reformas económicas, administrativas, penales y ambientales en Buenos Aires, Argentina, el lunes 29 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Los legisladores debaten un proyecto de ley impulsado por el presidente argentino Javier Milei que incluye una amplia gama de reformas económicas, administrativas, penales y ambientales en Buenos Aires, Argentina, el lunes 29 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Agencia AFP

La Cámara de Diputados de aprobó este martes la delegación de facultades durante un año al Ejecutivo de en virtud de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Después de aprobar el contenido de la ley en general tras más de 20 horas de debate, los diputados iniciaron la votación capítulo por capítulo de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como ‘ley ómnibus’, proyecto estrella del Ejecutivo de Milei.

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Los diputados de Argentina otorgaron la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un año, tras declarar en el comienzo del texto presentado a debate este martes una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.

Este capítulo fue uno de los que generó más polémica en febrero pasado, durante el primer trámite parlamentario de este proyecto de ley, ya que el texto original proponía dos años -prorrogables a cuatro- de emergencia pública en 11 cuestiones, lo que fue claramente recortado en esta nueva versión.

Otro capítulo sensible aprobado fue el capítulo de “promoción el empleo registrado”, que otorga premios fiscales a los empleadores que regularicen a los trabajadores que no tienen registrados.

En otro punto con fuerte debate en el recinto, también aprobaron la privatización de empresas públicas, la reorganización administrativa del Estado y el consecuente manejo del empleo público dentro del régimen de estabilidad.

Además, el capítulo de “fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales” permite al Ejecutivo renegociar contratos de obra pública y concesiones de servicios públicos.

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