Procesos disciplinarios y recortes de personal afectan investigaciones emblemáticas de la fiscalía

Unidad de Investigación

A inicios de setiembre del 2022 se dio un hito respecto a la conducción de los procesos disciplinarios en el Ministerio Público (MP), cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó juramento a Juan Antonio Fernández Jerí como primer jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la fiscalía.

En la práctica, la ANC sustituyó a la Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI), que antes se encargaba del control disciplinario de los magistrados del MP. La gran diferencia es que la ANC tiene autonomía funcional, ya que su jefe no es un fiscal supremo, como pasaba con la FSCI, sino alguien que pasó por un proceso de selección de la JNJ.

En la ceremonia de juramentación participó Patricia Benavides, quien tres meses antes había asumido como fiscal de la Nación.

Más allá del contexto en el que asumieron sus nuevos cargos, desde que ambos los ocupan se han dado situaciones que han afectado el clima laboral de diversos despachos del MP, como recortes de personal y procesos disciplinarios, sobre todo de fiscales que tienen a su cargo investigaciones emblemáticas. Fuentes consultadas por El Comercio señalan una subordinación de Fernández hacia Benavides, pese a la autonomía en sus acciones y decisiones.

En la línea de la subordinación y coordinación, hay sospechosas situaciones que se han dado en los últimos días.

El lunes 23, a las 8 a.m., personal de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, parte de la ANC, se presentó ante el despacho del fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, por la denominada visita de asistencia y permanencia. Su intención era verificar si en la oficina ya estaban sus trabajadores. En ese momento, Rojas no estaba porque tenía una cita médica, según las fuentes consultadas. Este asunto fue lo que evitó que al fiscal se le abriera un segundo proceso. El anterior se abrió porque se retiró antes del horario de salida.

El domingo 22, El Comercio informó en su edición impresa sobre cómo se había reducido el personal del despacho de Rojas, quien tiene a su cargo indagaciones emblemáticas como el caso de los aportes de campaña a Perú Libre, en el que se investiga a la presidenta Dina Boluarte y al prófugo Vladimir Cerrón.

La oficina de Rojas sufrió una reducción de 14 asistentes, que trabajaban como locadores de servicios y cuya salida ha retrasado las investigaciones y decenas de diligencias programadas.

En general, en los despachos de lavado de activos se han reducido 125 plazas.

El martes 24 se dio una situación similar a la de la oficina de Rojas, pero en los despachos del Equipo Especial Lava Jato, que tiene a su cargo pesquisas contra expresidentes, exaltos funcionarios y líderes políticos.

A las 8 a.m., personal de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, al mando del fiscal Sergio Rojas Torres, fue a los despachos de los fiscales Germán Juárez, José Domingo Pérez, Geovanna Mori, Walter Villanueva, Luis Ordóñez, Milagros Salazar y Diana Canchihuamán para verificar si los magistrados estaban en sus escritorios.

Según el Ministerio Público, el equipo Lava Jato tiene seis despachos, cada uno con por lo menos siete indagaciones (carpetas fiscales). Pese a su carga procesal, también ha sido afectado en su personal. Una fuente indicó que en el último año se redujo considerablemente. Mencionó que ahora tienen 23 locadores de servicios menos.

Otro problema son los procesos disciplinarios contra sus miembros. Una fuente consideró que estos son “una amenaza constante que afecta su labor porque deben dedicar tiempo a presentar sus descargos”.

A inicios de este mes, la ANC suspendió por ocho meses y 15 días (sin goce de haber) al coordinador del equipo, el fiscal superior Rafael Vela, por declaraciones que hizo en el 2020 sobre una resolución que dictó una sala por la indagación a Keiko Fujimori. Además de esa suspensión, Vela tiene abiertos otros dos procesos.

La ANC también abrió seis procesos disciplinarios al fiscal Pérez, la mayoría por declaraciones a la prensa.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tiene a su cargo investigaciones sobre hechos ocurridos durante el gobierno de Pedro Castillo.

Actualmente, al Eficcop no solo le han reducido a su personal, sino también le han quitado casos: Asesores en la sombra, Petro-Perú, ‘Los Niños’ y Puente Tarata, los cuales la Fiscalía de la Nación asumió bajo el argumento de que implican a altos funcionarios y se deben acumular en una sola fiscalía suprema.

Además, su coordinadora, la fiscal superior Marita Barreto, afronta un proceso disciplinario por los viajes que realizó a República Dominicana y Estados Unidos por diligencias de la investigación a Sada Goray. Estos viajes fueron autorizados por Patricia Benavides, tal como lo señalan las resoluciones publicadas en El Peruano, que autoriza los gastos de los pasajes y viáticos. Según fuentes de El Comercio, un ciudadano ha presentado otra denuncia contra Barreto por el mismo asunto.

Respecto al Equipo Especial del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, ha sufrido varios cambios desde que el escándalo de corrupción en el sistema de justicia peruano se hizo público hace cinco años. A inicios de este mes, Benavides removió a la fiscal Magaly Quiroz, quien tenía a su cargo la carpeta madre del caso, el cual implica a jueces y fiscales.

Antes que ella, varios magistrados salieron del equipo por decisiones de la Fiscalía de la Nación (no solo en la gestión de Benavides). Quiroz dejó varias acusaciones listas, incluso concluyó el control de acusación del alcalde de San Borja, Marco Álvarez, y estaba por concluir las investigaciones contra los empresarios Samir Abudayeh, Mario Mendoza, Antonio Camayo, y procesados como José Luis Castillo Alva y José Cavassa. La fiscal fue retirada del cargo por un “mal clima laboral”. Según fuentes de este Diario, se enteró de su cese por “El Peruano”.

Otro caso emblemático es el de Alas Peruanas, que investiga el despacho del fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque.

En abril, el fiscal lideró un megaoperativo por la indagación, que implicó el allanamiento e incautación de bienes relacionados a la Universidad Alas Peruanas y a la familia Ramírez, entre los que están el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez.

Semanas después, la defensa legal de Alas Peruanas interpuso un recurso contra Salazar ante la ANC porque supuestamente el fiscal realizó parte del operativo fuera de la fecha autorizada por el Poder Judicial. Sin embargo, una resolución del juez Víctor Zúñiga indica que sí se realizó dentro del plazo establecido. Además de ese proceso, el despacho de Salazar tiene locadores de servicios que no perciben salario desde hace dos meses.

En diálogo con El Comercio, el exfiscal supremo provisional Víctor Cubas expresó su preocupación por el hostigamiento laboral contra fiscales de casos sensibles como los mencionados.

“Hay una actitud de hostigamiento, de acoso a determinados fiscales que vienen conduciendo investigaciones de casos emblemáticos […], y para esto se viene utilizando a la oficina que tiene funciones de control, la Autoridad Nacional de Control que, si bien es cierto no tiene una dependencia directa de la Fiscalía de la Nación, tiene los mismos intereses que las altas autoridades y están inmersos en una campaña, que ya es manifiestamente de hostilización a determinados fiscales”, señaló.

Sobre las visitas realizadas a las 8 a.m., Cubas sostiene: “El fiscal realiza un trabajo de campo, no un trabajo de escritorio, sino un trabajo dinámico, en los laboratorios conjuntamente con la policía, en diligencias de carácter judicial. Pretender encasillarlos dentro de un horario de entrada y de salida, y que si no los encuentran allí, son pretextos para hacer una labor de persecución, que en el fondo no hace más que perturbar el normal ejercicio de sus funciones, [eso] está encaminado en debilitar los procesos de investigación con el inocultable propósito de lograr impunidad en todos estos casos llamados emblemáticos”.

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Respecto al recorte de personal, el exprocurador anticorrupción Iván Meini señaló que en este tipo de investigaciones hay dos factores claves. “Primero, cuando un fiscal investiga un caso complejo de esta naturaleza debe tener un equipo profesional que trabaje con él, un equipo de confianza que tenga estabilidad y que le permita confiar que su trabajo va a continuar, porque eso es lo que en cualquier desempeño profesional sirve para que el equipo esté estructurado y pueda trabajar confiado en el futuro”. Segundo, Meini considera que el fiscal debe tener autonomía. “La independencia de un fiscal es también autonomía, no solo frente a instituciones o poderes distintos del Ministerio Público, [...] también con respecto a sus pares y a sus superiores en el ámbito estrictamente jurisdiccional. Es decir, las investigaciones pueden ser de agrado o no de los superiores”.

Meini también señaló que la reducción del personal y “el que se destinen investigaciones a otros fiscales [...] es algo que sin duda lastima estas investigaciones, y que repercute negativamente en el desempeño de la labor del Ministerio Público en términos de identificación de los investigados y llegar a un juicio y eventualmente a una condena”.

Ante las consultas hechas por este Diario, el Ministerio Público, a través de su equipo de prensa, contestó a través de un mensaje sobre el recorte de personal, pero de manera general. La respuesta fue similar a la que dieron hace unos días por el caso del recorte de personal del despacho del fiscal Rojas.

“El Ministerio Público aclara respecto a la atención de requerimiento de terceros a nivel nacional, que vienen siendo atendidos progresivamente y en función a la disponibilidad presupuestal con la que la institución cuenta actualmente”.

Según el MP, la entidad “tiene una brecha presupuestal del 69% respecto al presupuesto solicitado como demanda global. Es decir, solo se asignó 2,786 millones de soles (31% de lo requerido) frente a los 8,937 millones de soles solicitados para el 2023″.

También indicaron que la fiscal de la Nación hizo gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir el déficit presupuestal del personal CAS (Contrato por Administración de Servicios) que se contrata en los despachos. Con esto, aseguran, “se ha autorizado los recursos que están permitiendo realizar las convocatorias de 1,393 plazas a nivel nacional”.

Por último, el MP señaló que “el día de ayer se ha asignado al Ministerio Público recursos por S/16′807.720 a través de la Ley 31912. Si bien este monto no cubre la totalidad de lo solicitado (se solicitó 51 millones), se gestionará de la forma más adecuada priorizando los despachos fiscales emblemáticos”.

El Comercio buscó la respuesta del jefe de la Autoridad Nacional de Control, pero hasta el cierre de esta edición no lo ubicó.

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